Después de dos años en pandemia de coronavirus, el mundo se encuentra en un momento crítico entre el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de la mayoría.

La desigualdad ha mermado nuestro tejido social, ocasionado pérdidas difíciles de calcular y enunciar.

Y si esto parece una exageración, solo basta con leer la reciente publicación de Oxfam, en la que se señala al “mayor aumento sistémico de la desigualdad de ingresos jamás registrado” a causa de la Covid-19.

Por si esto fuera poco, en la misma publicación se estima que 250 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema este año.

En Latinoamérica no somos ajenos a la desigualdad. Aun cuando la mayoría de los países pertenecen al rubro de “economías de renta media y renta alta”, según el nivel de ingreso per cápita, otras mediciones de bienestar económico muestran un panorama completamente diferente.

Prueba de ello, ha sido el efecto desproporcionado que ha tenido la pandemia de la Covid-19 en nuestros países. Desde una perspectiva comparada, durante la presente crisis sanitaria, América Latina se ha convertido en la región mas desigual del mundo.

Por ejemplo, en Perú, entre el 2020 y 2021 se reportó una disminución de hasta un 11% en el ingreso promedio de la población, siendo las mujeres y trabajadores de las pequeñas y microempresas las más afectadas.

Contrario a lo esperado, en plena emergencia sanitaria, el gasto público en salud  de casi todos los países de América Latina y el Caribe (las únicas excepciones fueron Cuba y Uruguay) se mantuvo por debajo al acuerdo regional del 6% del PIB.

Esta baja asignación presupuestaria ha elevado el gasto de bolsillo, es decir, el dinero propio y no planificado que deben desembolsar las personas que requieren de atención médica.

Los costos de hospitalización por día para el área general de Covid-19 en Brasil durante el 2021 llegaron hasta los 1,020 dólares y 1,923 dólares para cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos.

El resultado de este inadecuado manejo del gasto público es la interrupción de servicios prestados en el primer nivel de atención.

Datos de la Cepal evidenciaron hasta un 55% de interrupciones en el primer nivel de atención en América Latina y el Caribe durante el 2021.

Lo alarmante de esta última cifra es que se ha desatendido a la población históricamente más vulnerable: la que pertenece a las áreas rurales y es de escasos recursos.

Según expertos, la pérdida del nivel de vida generado por este gasto bolsillo es una de las variables principales para explicar las muertes por Covid-19. En otras palabras, la desigualdad mata.

Sin embargo, la oportunidad para hacer cambios estructurales profundos a causa de la pandemia se ha ido disipando, en gran medida por el reacomodo de las estructuras de poder y, por otro lado, al cansancio que sentimos la mayoría hacia todo lo vivido durante este tiempo.

A pesar de estos desafíos, la promoción de procesos de vacunación y la adquisición de tratamientos contra la Covid-19 son la mejor política y estrategia que se tiene para frenar estás inequidades.

Sabemos que todas las vacunas contra el coronavirus reducen el riesgo de enfermar gravemente y morir a causa del virus. Su efectividad salva vidas, pero también produce ahorros para los sistemas de salud pública.

Para América Latina, implementar a cabalidad los planes de vacunación representa ahorros potenciales, que oscilan entre los 100 y 1,500 millones de dólares.

Este ahorro potencial también está vinculado al costo de las vacunas, diagnósticos y tratamientos para combatir la Covid-19.

Merece la pena recordar que la industria farmacéutica, desde que inició la carrera por la vacunación, negoció con países a puertas cerradas y a través de cláusulas de confidencialidad.

La amplia asimetría de poder que han generado estas dinámicas deja ver, una vez más, las profundas fallas del mercado.

La desigualdad que se está gestando tiene un efecto de bola de nieve en todas las capas de nuestra sociedad, pero el golpe más fuerte lo recibe la población más necesitada. 

Revertir la asimetría de poder implica que seamos capaces de organizarnos a partir de la diversidad propia de la región latinoamericana.

Uno de estos espacios de organización se encuentra en la coalición global de People´s Vaccine Alliance que representa a más de 100 organizaciones, líderes mundiales y millones de personas que han apoyado el acceso de vacunas, diagnósticos y tratamientos para la Covid-19, a través de mecanismos como la liberación de derechos de propiedad intelectual y transferencia de conocimientos y tecnologías.

La apuesta es hacia la construcción colectiva de acciones que nos conduzcan a la disminución de la desigualdad y el acceso a productos médicos esenciales contra  la Covid-19 y otras enfermedades, generando con ello, nuevas y mejores oportunidades para la creación de Vacunas para la gente. 

 

 

Sofia Montenegro es politóloga, obtuvo un Máster en Opinión Pública y Comportamiento Político en la Universidad de Essex. Hizo una pasantía en la organización Abdul Latif Jameel Poverty Action en América Latina y fue seleccionada para la Fellowship de Escuela de Datos para el programa sobre Contrataciones Abiertas en Guatemala (2018).  Coordina el programa Vacunas y desigualdad Oxfam-LAC.