Durante el mes de mayo 2022, se realizó un estudio específico en Guatemala para identificar cuáles son las poblaciones más vulnerables y que deben priorizarse para la vacunación contra la COVID-19.

En términos generales, el concepto de “vulnerabilidad” se puede entender como la probabilidad de daño que puede tener un individuo, un hogar o un colectivo producto de su exposición e interacción con condiciones y factores que amenazan su integridad (física, mental, social, económica, otras). También refiere a las capacidades y condiciones existentes para evitar dichas situaciones.

Por estas razones, el concepto de vulnerabilidad se emplea generalmente asociado al concepto de riesgo. Mas recientemente, también se emplea junto al concepto de resiliencia, entendido éste como la capacidad para recuperarse de un evento adverso:  la capacidad del individuo, hogar, comunidad para recuperarse de una afectación dada.

En el campo de la salud, el uso del concepto de “vulnerabilidad” es relativamente más reciente. Ello tiene que ver con que la epidemiología (disciplina que estudia la causalidad de los problemas de salud-enfermedad) ha puesto históricamente más énfasis en la identificación de los riesgos: esos “factores”  que se asocian directamente con el daño a la salud, poniendo en segundo plano la atención a las condiciones  que hacen a algunas personas o colectivos humanos más susceptibles a verse afectadas por esos riesgos.

Esto ha ido cambiando en la medida que la comprensión de la causalidad de los problemas de salud se ha ido ampliando. Se ha pasado de una comprensión monocausal del origen de la enfermedad (generalmente asociada a la presencia de un patógeno o agente externo), a una comprensión que reconoce la existencia de múltiples factores que interactúan para provocar el daño.

En la actualidad, la teoría multicausal ha evolucionado para considerar que no se trata solo de la presencia de factores de riesgo, sino de que las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales en las cuales las personas enfrentan ese riesgo también son importantes para determinar la probabilidad y magnitud del daño a la salud

Es así como, a partir del año 2012, la Organización Mundial de la Salud -OMS- reconoció e incorporó el concepto de “Determinantes sociales de la salud” en el análisis epidemiológico y en el diseño de las respuestas sanitarias ante los problemas de salud-enfermedad de la población.

Si bien, la COVID-19 es una enfermedad nueva para la humanidad, en el lapso de dos años y meses desde que se dio el primer caso en la ciudad de Wuhan, China hasta el día de hoy, se ha avanzado de manera impresionantemente rápida en la comprensión de su etiología.

Primero, la identificación del nuevo agente biológico causal, el virus SARS CoV-2. Su casi inmediata secuenciación genética, que fue la base para la producción acelerada de vacunas. Otra área de avance significativo fue la identificación del mecanismo de transmisión del virus, lo cual permitió implementar de inmediato medidas no farmacológicas para reducir el riesgo de contagio.

Se han identificado también algunos factores sociodemográficos que hacen a ciertos individuos y/o colectivos humanos más propensos a infectarse y enfermar que a otros; o a presentar la forma severa de la enfermedad: se sabe ya que los hombres tienen mayor riesgo de morir, al igual que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas; personas con obesidad y trastornos metabólicos también tienen un riesgo incrementado para la COVID-19.

No obstante, queda aún una gran agenda pendiente para entender cómo los factores sociales, económicos, ambientales, culturales y de la respuesta de los servicios de salud determinan una mayor o menor susceptibilidad al contagio, y contribuyen a una mayor o menor vulnerabilidad a enfermar y/o a morir por esta enfermedad. Lo mismo aplica sobre los factores y dinámicas que subyacen detrás de la resistencia que pueda haber de parte de la población hacia las vacunas.

Tomando estos elementos en consideración, además de la información estadístico-epidemiológica disponible, se propone tres tipos de poblaciones vulnerables a la COVID-19 en Guatemala:

A partir de la identificación de las poblaciones que presentan uno o más de los factores de riesgo individual que se asocian a un mayor riesgo de contagiarse de la COVID-19 o de enfermar con las formas más severas de la enfermedad, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala definió y priorizó las poblaciones y el orden de vacunación en el “Plan nacional de vacunación” (MSPAS, 2021).

De tal cuenta, y en línea con la recomendación del Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones -CONAPI-, al inicio de la vacunación, el MSPAS identificó como poblaciones vulnerables y priorizadas a: trabajadores del sector salud, adultos mayores, y personas con alguna comorbilidad, segmentando a estos grupos para ordenar y priorizar su acceso a vacunas.

Estos grupos priorizados se fueron ampliando durante el 2021, en parte por presiones de ciertos sectores (por ejemplo, se anticipó la vacunación de maestros, principalmente del sector público); o como medida para evitar el vencimiento de vacunas; así, se amplió la vacunación a jóvenes entre 12-17 años, y luego, de 6-11 años, a pesar de que no se podía garantizar suficiente vacuna para completar su cobertura con esquema completo de vacunación; mucho menos, el refuerzo necesario por la variante Ómicron.

Poblaciones cuya vulnerabilidad socioeconómica y cultural es estructural y los excluye sistemáticamente del sistema de salud. Esto limita su acceso oportuno y pertinente a procedimientos diagnósticos, terapéutico/asistenciales por la COVID-19 y también a la vacunación, así como a información y conocimiento sobre las medidas de protección y prevención de la infección por el virus SARS CoV-2 y sus variantes.

Esta forma de vulnerabilidad ha sido documentada en estudios previos realizados por Laboratorio de Datos GT y otras instancias.

La priorización empleada en el plan de vacunación del MSPAS y en sus adendas, refiere fundamentalmente a factores de riesgo por edad, por nivel de exposición y por antecedente de enfermedad crónica preexistente.

No obstante, el Plan contiene elementos que sugieren que sí anticipaban que ciertas poblaciones podrían tener mayor vulnerabilidad dada su condición rural, de pobreza o por la discriminación histórica que han vivido en cuanto al acceso a servicios de salud.

Sin embargo, a la hora de la implementación, estos factores no se consideraron, pues se aplicó una estrategia homogénea de vacunación en el país, que no solo priorizó los centros urbanos, sino que adoptó una modalidad basada en que la población se desplazara a centros fijos de vacunación, usar tecnología web para registrarse para vacunarse y dispusiera de tiempo en horarios laborales para realizarlo, condiciones muy difíciles de cumplir en el área rural del país, donde aún vive el 47% de la población total de Guatemala.

Esto ha resultado en una marcada desigualdad en las coberturas de vacunación que ha desfavorecido a los municipios más rurales, con mayor porcentaje de población indígena y con mayores porcentajes de población en situación de pobreza.

Por ejemplo, mientras el municipio de Guatemala, corazón de la Ciudad Capital del país, ya tiene 82% de la población con esquema completo; hay 171 municipios que no llegan ni al 50% de cobertura vacunal todavía.

“Otras poblaciones vulnerables y excluidas”, que puedan no estar siendo consideradas como tales en estos momentos, pero que, debido a sus condiciones preexistentes (de salud, sociales, otras), se tornan particularmente vulnerables a la COVID-19, pero que, no aparecen en la clasificación contenida en el plan nacional de vacunación, ni en sus enmiendas posteriores. En este grupo se identificó a las personas privadas de libertad y a la población migrante indocumentada. 

El análisis de poblaciones vulnerables que se ha efectuado para Guatemala apunta a una gama muy amplia de sujetos y colectivos humanos que aún no tienen garantía mínima de cobertura vacunal con dos dosis de vacuna contra la COVID-19, conforme al parámetro del 70% de cobertura poblacional que estableció la OMS para incrementar las probabilidades de controlar la pandemia a nivel global y en cada país.

En el caso de Guatemala, a finales del mes de mayo 2022, solo el 48,3% de la población tenía una dosis de vacuna; 36.5% de la población total con dos dosis y apenas 16.3% con refuerzo. Así que la proporción y variedad de grupos vulnerables a la COVID-19 es bastante amplia tanto en términos de la cantidad de personas que todavía se encuentran en situación de vulnerabilidad, como por el nivel de riesgo que enfrentan, conforme los parámetros del plan nacional de vacunación.

No digamos, si el parámetro empleado es el de exclusión estructural. Priorizar entre vulnerables, en este contexto donde lo que predomina todavía es la desprotección vacunal generalizada, se torna mucho más difícil.

El estudio realizado, a partir de evidencia estadística y documental, sobre lo acontecido con la vacunación contra la Covid-19 en el país apunta las siguientes prioridades:

Personas mayores de 50 años y mujeres embarazadas: Con respecto a los grupos sociodemográficos definidos en el plan de vacunación, se sugiere priorizar a los mayores de 70 años (611 mil personas, actualmente 60% con 1 dosis; 53% con 2 dosis; y 33% con 3 dosis), seguidos de los mayores de 60 años (763 mil personas, actualmente 67% con 1 dosis; 60% con 2 dosis; y 37% con 3 dosis) y 50 años (1.125 millones de personas, actualmente 68% con 1 dosis; 60% con 2 dosis; y 34% con 3 dosis). Y a mujeres embarazadas ya que solo se registran 45 mil en el sistema.

Población Maya y rural: Con respecto a las poblaciones históricamente excluidas, la prioridad debe darse a la población Maya, rural, en situación de pobreza y pobreza extrema.

Otras poblaciones vulnerables: Con respecto a las otras poblaciones identificadas, la prioridad debería darse a los privados de libertad, dada su extrema vulnerabilidad al contagio dada por el hacinamiento y falta de higiene en que viven, y también por el hecho de que su cautiverio facilita la realización de jornadas/campañas de vacunación por cada centro de detención.

De acuerdo a los datos disponibles, se estiman 25,746 personas (36,045 dosis necesarias para cobertura del 70% con esquema completo y 18,022 más para la dosis de refuerzo). Cabe mencionar que existe el riesgo que los datos para este grupo poblacional hayan sido mal recolectados en la base de datos de vacunación.

Migrantes indocumentados: Un cuarto grupo a priorizar serían los migrantes indocumentados, por medio de crear un programa específico para ellos, posiblemente en alianza entre la red de servicios de primer y segundo nivel de atención, con organizaciones de sociedad civil que se ocupan de su atención en las rutas migratorias. Cabe mencionar que este grupo poblacional no existe como tal en la base de datos de vacunación del MSPAS, por lo que se solicitarán datos de coberturas especificas por medio de solicitud de información al MSPAS.

Vacunación infantil: Finalmente, se llama la atención al drástico deterioro de las coberturas de vacunación infantil con las vacunas previstas en el Esquema Nacional de Vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI-.

Hay urgencia de recuperar dichas coberturas para reducir el riesgo de brotes y epidemias por estas enfermedades infecciosas, y con ello, reducir la vulnerabilidad de la niñez a efectos no COVID-19 de la pandemia.

 

 

Laboratorio de datos es un centro de pensamiento independiente cuya misión es generar conocimiento sobre los grandes problemas de desarrollo que enfrente la sociedad guatemalteca, a través de la investigación científica y el uso de técnicas y tecnologías para análisis de datos e información con el propósito de mantener informada a la ciudadanía, e incidir en tomadores de decisión.