Inversión en biotecnología pública: la forma más eficiente de enfrentar crisis sanitarias.

Vamos en el tercer año de pandemia COVID-19 y el acceso a las vacunas sigue siendo mortalmente desigual: hasta el 4 de julio de 2022, los países de ingresos altos han vacunado al 79,98% de su población con al menos una dosis, mientras que los países de bajos ingresos sólo han vacunado al 20,18% de la población con al menos una dosis.

Una herramienta clave para evitar el acceso desigual es impulsar la expansión de los centros de fabricación de vacunas, productos terapéuticos y diagnósticos a los países de ingresos bajos y medios: todos los países independientemente de su situación económica y geográfica, deben tener el mismo acceso y capacidad para desarrollar vacunas, terapias y herramientas de diagnóstico.

El Dr. Fabrizio Chiodo, glicocientífico y profesor asistente de investigación del Consejo Nacional de Investigación italiano (CNR), colaborador del Instituto Finlay de La Habana, profesor invitado de la Universidad de La Habana es muy claro: Cuba es un ejemplo de inversión constante en un sistema de salud que produce sus propias vacunas, protege a su población a pesar del bloqueo económico y salva vidas a través de las políticas de prevención.

En 2021, los ministros de salud de los países del G20 declararon que la inmunización COVID-19 debe ser reconocida como un bien público mundial. Esto implica que todos los países deben contar con todas las condiciones que les permitan tener acceso justo y equitativo a las vacunas.

Para lograrlo, los líderes mundiales y los Estados deben trabajar sin descanso en reforzar la capacidad de investigación y de investigación y desarrollo, la diversificación de las cadenas de suministro y el impulso de colaboración entre países y los centros de investigación públicos y privados para mejorar la capacidad de desarrollo y producción de vacunas, terapias y diagnósticos, especialmente en los países de renta media-baja.

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