¡Sí a la exención de derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y pruebas de diagnóstico COVID-19!

Asunto: Apoyo a la ampliación de la Decisión Ministerial de la OMC sobre el Acuerdo sobre los ADPIC a los medicamentos y a las pruebas de COVID-19

Instamos a que los gobiernos latinoamericanos y del Caribe, a través de sus ministros de Economía, Comercio y Relaciones Exteriores apoyen la ampliación de la Decisión Ministerial del 17 de junio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para incluir los medicamentos y las pruebas de diagnóstico sin más salvedades ni cambios en el texto.

Estas herramientas sanitarias son vitales para controlar la pandemia de COVID-19 y evitar que se pierdan más vidas innecesariamente.

Cientos de miles de personas en todo el mundo siguen siendo diagnosticadas con COVID-19 cada día. El riesgo de que aparezcan nuevas variantes potencialmente más mortíferas y de que disminuya la inmunidad de las vacunas sigue siendo alto. Las vacunas, los tratamientos y las pruebas de COVID-19 son vitales para mantener la pandemia bajo control y evitar más muertes.

Sin embargo, estos recursos sanitarios siguen siendo inaccesibles en los países de ingresos bajos y medios. Menos del 20% de las personas que viven en los países en desarrollo están totalmente vacunadas. Al mismo tiempo, los países de renta alta que han vacunado a más del 75% de su población se han asegurado el 75% de los acuerdos de suministro de todos los tratamientos existentes conocidos: vacunas, medicamentos orales y anticuerpos monoclonales.

Los países de ingresos altos también han conseguido casi todos los acuerdos de suministro conocidos para el tratamiento oral más recomendado, el antiviral Paxlovid.

Los informes oficiales indican que los países en desarrollo siguen sin poder acceder a este y otros tratamientos. Este escenario de extrema desigualdad impide la aplicación de los programas de prueba y tratamiento recomendados por la OMS y está destinado a repetirse en el caso del desarrollo de nuevas terapias más eficaces.

La fabricación de medicamentos genéricos asequibles para tratar la COVID-19 podría resolver rápidamente la crisis de suministro en los países de ingresos bajos y medios, pero las protecciones de la propiedad intelectual lo impiden. Hay cuatro veces más solicitudes de patentes para tratamientos con COVID-19 que para vacunas; el 81% de ellas se refieren a medicamentos existentes que han sido reutilizados para COVID-19 y que fueron desarrollados originalmente con dinero público.

Aunque las empresas farmacéuticas Merck y Pfizer han firmado acuerdos de licencia voluntaria con la organización Medicines Patent Pool para satisfacer parte de la demanda de los países de renta baja y media de tratamientos contra el COVID-19, estos acuerdos son limitados y excluyen a cientos de millones de personas en los países de renta media. Los gobiernos de estos países no tienen más remedio que esperar al final de la cola para recibir las dosis más caras de las empresas, que a lo largo de la pandemia se han mostrado incapaces de satisfacer la demanda mundial.

Por ello, nos decepciona profundamente que la Decisión Ministerial de la OMC sobre los ADPIC adoptada el 17 de junio por los Estados miembros no haya sido la exención de las normas de propiedad intelectual cruciales para la crisis de abastecimiento y que cuenta con un amplio apoyo de la sociedad civil mundial, premiada economistas premiados y 65 países.

Al final, la decisión se limitó únicamente a las vacunas COVID-19. Sin embargo, los expertos coinciden en que la propuesta original, que abarca los medicamentos y las pruebas de diagnóstico, podría mejorar significativamente los esfuerzos de vigilancia mundial y evitar la progresión innecesaria de la enfermedad a casos más graves y la muerte por COVID-19.

El texto de la Decisión Ministerial en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC establece que los miembros de la OMC decidirán sobre la ampliación de la Decisión para cubrir la producción y el suministro de productos farmacéuticos y pruebas de diagnóstico para la COVID-19 «a más tardar seis meses después de la fecha de la Decisión Ministerial».

Después de casi dos años de debates y negociaciones en la OMC sobre la propiedad intelectual para todas las tecnologías en relación con el COVID-19, creemos que ya no hay una justificación razonable para posponer esta decisión.

Por lo tanto, solicitamos que los países de América Latina y el Caribe anuncien inmediatamente su apoyo a la ampliación de la Decisión Ministerial del 17 de junio relativa al Acuerdo sobre los ADPIC para incluir los medicamentos y las pruebas de diagnóstico sin restricciones ni condiciones y por el período completo de cinco años a partir de la fecha de su adopción.

Los líderes mundiales han afirmado la necesidad de evitar el sufrimiento humano innecesario ampliando y dotando de recursos a los programas de pruebas y tratamiento en todo el mundo, pero, transcurridos más de dos años y medio de la pandemia mundial, las barreras de la propiedad intelectual siguen contribuyendo a las persistentes y mortales desigualdades en el acceso a las tecnologías para combatir al COVID-19.

Les instamos a que actúen ahora para ayudar a desbloquear soluciones que ayuden a cambiar esta realidad.