Hablar de vacunas COVID-19 es hablar de derechos humanos

La vacunación contra la COVID-19 es una cuestión de derechos humanos

Durante el mes de junio de 2022, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) realizó un diagnóstico para analizar el proceso de vacunación contra la COVID-19 en Honduras. Dicho documento analiza los esquemas de priorización implementados por el sistema de salud del país, encontrando que grupos históricamente en condición de vulnerabilidad, al día de hoy, continúan excluidos del plan nacional de vacunación.

Un año después de la emergencia generada por el virus SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el desarrollo y distribución de vacunas seguras y eficaces para controlar la propagación del virus y disminuir la carga en los sistemas de salud. De las más de 14 millones de dosis suministradas en Honduras hasta junio de 2022, el 43% se aplicaron como primera dosis, el 37% para completar el esquema de dos dosis y el 20% restante como dosis de refuerzo. Además, se observa una vacunación mayor entre las mujeres, quienes han recibido el 54% de las vacunas disponibles. En cuanto a los departamentos, Francisco Morazán y Cortes han sido los que han recibido la mayor cantidad de dosis: el 70% y el 61% de la población respectivamente ya cuenta con el esquema de vacunación completo.

No obstante, contar con una mayor cantidad de dosis de vacuna contra la COVID-19 no es suficiente para erradicar la crisis sanitaria. Se debe alcanzar una alta cobertura en la vacunación, garantizando un acceso justo y equitativo y priorizando los grupos poblacionales que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Se hace necesario buscar mecanismos eficaces y eficientes que incluyan equitativamente a esta población en los procesos de vacunación y asegurar que la pertenencia étnica, el género, el estatus migratorio y la discapacidad no son un obstáculo para la vacunación contra la COVID-19.

Aplicar criterios de priorización es tener en cuenta los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sugerido a los países que consideren criterios de vulnerabilidad y se priorice también a las personas que: “por factores sociales, laborales o geográficos subyacentes experimentan un mayor riesgo frente a la pandemia tales como pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas en condición de movilidad humana y personas que viven en zonas urbanas sobrepobladas en situación de pobreza o pobreza extrema”(2021). Sin embargo, estos criterios no fueron considerandos en la priorización de poblaciones a vacunar en Honduras por las autoridades competentes.

 

Grupos vulnerables sin priorizar

A nivel de Centroamérica, El gobierno de Honduras es el que menos acciones y medidas ha implementado para asegurar un efectivo proceso de vacunación contra la COVID-19. Entre ellas, se encuentra la aprobación de la Ley de Vacunación Gratuita para todos contra el COVID-19, y su reforma en el Decreto 08-2021, que tiene como propósito garantizar el acceso gratuito y universal a la vacuna mediante la participación de todas las instituciones públicas y privadas legalmente autorizadas.

Si bien Honduras estableció criterios en función del riesgo y beneficio para la sociedad para la introducción de la vacuna contra la COVID-19, el diagnóstico realizado por FOSDEH revela que existe población en situación de vulnerabilidad que no ha sido atendida ni priorizada por el sistema de Salud. Tampoco existen datos confiables sobre su nivel de vacunación. Concretamente se identifican tres grupos históricamente vulnerables en Honduras de los que no existe un registro en el proceso de vacunación

• Pueblos indígenas y afrodescendientes. Por lo general, habitan en zonas rurales caracterizadas por la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos, altos grados de desnutrición, elevadas tasas de analfabetismo, inseguridad en la tenencia de la tierra y otras formas de exclusión. Todo ello los expone a un mayor riesgo de contagio del COVID-19 y sintomatología grave. Hasta el momento, Honduras no ha presentado un plan de vacunación específico para la población indígena y afrodescendiente.

Aunque la información de vacunación se encuentra desagregada por departamento, ésta no se detalla por pertenencia étnica; es decir, se desconoce si pertenecen a un grupo indígena o afrodescendiente. De hecho, en los departamentos donde se ubican los pueblos indígenas y afrodescendientes se registra una menor cobertura de vacunación, principalmente en los departamentos de Colón, Yoro, Santa Bárbara y Gracias a Dios. En este último departamento, solo el 14% de la población de más de 5 años cuenta con el esquema completo de vacunación.

Ante este contexto, y con el objetivo de contribuir a una mayor vacunación en estos departamentos, se identifica la necesidad de diseñar estrategias que permitan que las vacunas puedan transportarse, almacenarse y distribuirse en las comunidades indígenas que normalmente viven en zonas geográficamente dispersas y de difícil acceso. Se debe incluir también una campaña de vacunación diseñada bajo el respeto de su identidad y autonomía.

 

• Personas en situación de calle. Si bien han sido una población históricamente vulnerabilizada en Honduras, en el marco de la crisis sanitaria COVID-19, el gobierno no ha dispuesto de los recursos suficientes para implementar las medidas de bioseguridad: las personas en situación de calle no cuentan con un espacio donde puedan refugiarse o cumplir el periodo de cuarentena que se requiere al contraer el virus. Asimismo, se enfrentan a un limitado acceso a medicamentos y a servicios de salud.

Aunque han existido iniciativas aisladas, en el proceso de vacunación de Honduras no se ha incluido a este grupo como priorizado y se desconoce si las personas en condición de calle se han aplicado las dosis correspondientes.

 

• Personas en condición de movilidad humana. La Organización Internacional para la Migración (OIM) ha formulado un llamamiento a los Gobiernos para que incluyan a todos los migrantes presentes en sus territorios, independientemente de su situación migratoria, en los planes nacionales de distribución de vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno de Honduras no ha aprobado la disponibilidad de dosis para los migrantes indocumentados que transitan en el país y que, de forma voluntaria, desean cumplir con el esquema de vacunación.

 

Privados de libertad y COVID-19

Otro grupo vulnerable que es importante mencionar y sobre el que no existen datos desagregados de vacunación son los privados de libertad. Para el año 2020, Honduras tenía una población de 21,416 personas en los centros penitenciarios. En ese año, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por la crisis en que se encontraba el sistema penitenciario de Honduras debido a la deficiencia estructural, especialmente en salud y seguridad; situación que se agudizó en el marco de la pandemia del COVID-19.

Enfrentándose a una situación especial de riesgo y particularmente expuestos a contagiarse de COVID-19, los privados de libertad habitan en lugares sobrepoblados, lo que les impide aplicar medidas de distanciamiento físico y con suficiente ventilación. Cabe mencionar que no se presentan registros diferenciados con relación a la población privada de libertad contagiada por COVID-19, asimismo de los fallecimientos. Sin embargo, según el reporte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), en el primer semestre del año 2021, alrededor de 3,000 privados de libertad estaban contagiados de COVID-19; unos números de contagios bajos en comparación a la población total privada de libertad.

Para continuar avanzando en el proceso de vacunación, es importante buscar mecanismos eficaces y eficientes para incluir equitativamente a la población en condiciones de vulnerabilidad (por su situación de pobreza, por su condición de discapacidad o dependencia, por ser discriminadas por su etnia, género u orientación sexual, así mismo, por estar privado de la libertad, por la falta de vivienda, o por estar en situación de movilidad humana), asegurando que no se vuelvan aún más vulnerable en tiempos de pandemia.